El Vocero, Bernardo Salinas, indicó la iniciativa está reconociendo el derecho de las personas con discapacidad y da oportunidades de desarrollo

El Seremi de Gobierno, Bernardo Salinas, destacó la indicación sustitutiva que realizó la Presidenta Michelle Bachelet, al proyecto de Ley que crea un Sistema de Inclusión Laboral para personas en situación de discapacidad. La iniciativa busca dar respuesta y dar una oportunidad laboral al 57,2% de la población que está situación de discapacidad y que se encuentra inactiva.

“El Gobierno y la Presidenta han dado un paso tremendamente relevante en la lógica de poder acortar la brecha de inequidad que existe en la sociedad en Chile, sobre todo para las personas que están en situación de discapacidad. Lo que pretende hoy esta indicación sustitutiva que hizo la Presidenta obliga a organismos públicos y privados, que tengan más de 200 trabajadores, a que lo menos un 1% de sus trabajadores deben estar en situación de discapacidad. Además, aquí hay un tema muy importante porque también consagra la no discriminación en el estatuto administrativo. No se puede discriminar por el hecho de tener una condición distinta”, indicó el Seremi de Gobierno, Bernardo Salinas.

La autoridad agregó que otra de las propuestas que establece esta indicación es que se fija en 26 años la edad límite para suscribir contrato de aprendizaje con personas con discapacidad, asimilándola a la edad de término de la educación especial.

“También hay otro tema que tiene que ver con las remuneraciones, porque hoy las personas que están en situación de discapacidad recibe solo el 32% del salario que otro trabajador, por lo tanto esta indicación, como lo dice la Presidenta permite avanzar en recobrar la dignidad y hará que en Chile se acorte la brecha de desigualdad y discriminación”, aseveró Salinas.

Para vigilar el cumplimiento de esta iniciativa se establece que la Dirección Nacional del Servicio Civil y el Servicio Nacional de la Discapacidad serán responsables vigilar la correcta aplicación en el sector público, y la Dirección del Trabajo, en el caso de las empresas privadas. Igualmente, establece la obligación de los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y de Desarrollo Social de evaluar esta ley cada 4 años, teniendo en cuenta la naturaleza cambiante del mercado laboral y la necesidad de ir adecuando el sistema de inclusión.